Foto: Archivo/Reforma  

Uno de cada tres maestros cobra de más
Reforma | 11-11-2012 | 09:46
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Distrito Federal— En 1 de cada 3 pagos realizados a maestros con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) hay cobros de más u otra irregularidad, señala la SEP en un informe entregado a la Cámara de Diputados.

En el reporte, que analiza el gasto ejercido en el primer trimestre del año, la SEP emitió "observaciones" sobre el manejo de los estados de este fondo federal.

El documento indica que hay fallas en los pagos a 410 mil 741 maestros del total de 1.2 millones de docentes cuyos salarios son cubiertos con estos fondos, lo que se traduce en el 34.2 por ciento.

La dependencia destaca que hay maestros que ocupan una cantidad de plazas que superan el número de horas hábiles de un plantel y otros que cobran más del ingreso asignado a la categoría más alta en su entidad.

También encontró profesores con doble asignación salarial en municipios no colindantes, esto es, en dos sitios alejados, por lo que sería imposible que dieran clases continuas el mismo día.

Además, halló pagos retroactivos a maestros con una diferencia de más de 45 días naturales.

"En los pagos retroactivos pueden estar reportados pagos por conceptos que no representan forzosamente una irregularidad, pero que no pudieron ser identificados por su clave, como son: días económicos no disfrutados, primas vacacionales, estímulos de puntualidad y asistencia, entre otros", indica la SEP.

El reporte, hecho con información dada por los estados, dice que Baja California Sur, Oaxaca y Tlaxcala entregaron menos de 50 por ciento de la información sobre la aplicación del FAEB.

Para David Calderón, director de Mexicanos Primero, el reporte refleja la pérdida de la rectoría de la SEP en la educación básica.

"Los desajustes no reflejan sólo un conflicto administrativo estatal: tiene detrás una serie de decisiones en donde prevalecen los acuerdos no formales con el SNTE", aseguró.

Calderón sostiene que la SEP tiene la responsabilidad de preservar el derecho a la educación de las y los niños y no puede permanecer sólo en el papel de "notario" que recibe documentación de los estados.

El manejo del FAEB tiene efectos negativos, dice, como el hecho de que no se pueda hacer una planeación adecuada de los maestros en el País ni contar con un padrón de docentes.

"También preocupa que, a pesar de tener documentado en los últimos dos años desvíos y mal uso de recursos e inconsistencias graves, no hay una sanción a ningún funcionario", expresó.

Cuestionó que ni la SEP ni los estados se hagan responsables de uno de los fondos de recursos públicos más grandes del País.

Este año, el FAEB es cercano a los 300 mil millones de pesos, y sobre esos recursos, dijo Calderón, los estados están obligados a rendir cuentas.

Sin embargo, advierte, la información que los estados entregan a la SEP refleja dos situaciones: entidades que no ofrecen información y otras que la dan pero tienen malos manejos.

"Han sido omisos los Secretarios de Educación de los estados, y especialmente los Gobernadores que han rehuido su responsabilidad porque les sale barato desentenderse; saben que al transparentar la nómina se genera la posibilidad de que se cuestionen los arreglos pactados con el SNTE", explicó.

Pero los legisladores, señaló el especialista, tampoco han tomado cartas en el asunto para sancionar a los funcionarios que hacen mal uso de los recursos.

"Siguen recibiendo los informes de la SEP. ¿Cómo reciben los informes de la Auditoría y no han hecho correcciones al respecto?", cuestionó.

Para el diputado perredista Miguel Alonso Raya es cuestionable que la Secretaría de Educación Pública no haya puesto orden en el uso de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica.

"La SEP se quedó con un conjunto de facultades para poder aplicar y observar la legalidad del artículo tercero de la Constitución, así como de la Ley General de Educación en todos los estados. Por lo tanto, lo que la dependencia señala es como una especie de excusa o pretexto o autocontención de su parte para decir que no ha hecho la tarea", consideró el legislador.

Recordó que el Acuerdo para la Descentralización de la Educación Básica de 1992 establece claramente las facultades de la SEP sobre la rectoría de la educación, de supervisión, así como para poder observar la aplicación de los recursos.

"Para eso tiene representantes en cada una de las entidades; la SEP no puede sólo decir que los estados incumplen y excusarse, entonces ¿qué hace la SEP? ¿Para qué gasta en representantes en cada uno de los estados? ¿Cuál es su función?", cuestionó Raya.

"No puede sólo estar diciendo que hay fallas administrativas y por eso no se puede o no alcanzan los recursos del FAEB que se mandan a cada estado. Deberían de haber intervenido, ya sea internamente o solicitando la intervención de la Secretaría de la Función Pública".

Cuenta funcionaria con 3 plazas

Uno de los ejemplos de anomalías y pagos de más a los maestros es la titular de la Secretaría de Educación de Tabasco, Deyanira Camacho Javier.

La funcionaria cuenta con, por lo menos, tres plazas asignadas, que le dan ingresos superiores a los 100 mil pesos mensuales, denunciaron trabajadores de la dependencia.

Según un documento proporcionado a REFORMA, Camacho recibe 13 mil 369 pesos por una plaza de maestra normalista. Cuenta con otra de directora de escuela primaria de 12 mil 492 pesos, además de que, como Secretaria, recibe más de 80 mil pesos entre salario y compensaciones.

Exhiben opacidad en gasto

La Secretaría de Educación Pública destacó la falta de transparencia en los estados en la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) y del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA).

El FAETA fue creado para abatir el rezago en alfabetización, educación básica para adultos y formación para el trabajo, así como para la prestación de servicios de educación tecnológica descentralizados.

Para el caso del Conalep, que depende de dicho fondo, los estados que entregaron información por debajo del 60 por ciento fueron Querétaro, Chiapas, el Estado de México, Nayarit, Yucatán, Quintana Roo, Sonora y Baja California.

En el caso de Campeche, las autoridades no entregaron ningún archivo.

En cuanto al manejo de recursos del INEA, las entidades más omisas fueron Baja California Sur, el Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Oaxaca, Querétaro y Veracruz.

Hidalgo tampoco entregó información en este rubro.

Sobre la aplicación del FAEB, la mayor opacidad se registró en Baja California Sur, Oaxaca y Tlaxcala, en donde se entregó información por debajo del 50 por ciento.

"Adicionalmente se presentan los casos de entidades federativas que fueron omisas en la entrega de la información que se les requirió", indicó la dependencia federal.

Los datos publicados por la SEP se someten a la consideración de la Cámara de Diputados y sirven de base para las revisiones que efectúa la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De acuerdo con la SEP, el FAEB cuenta para 2012 con poco más de 263 mil 625 millones de pesos.

De ese dinero, 256 mil 613 millones están etiquetados para servicios personales y el resto para gastos de operación.

 


 

>>alfidur:
Cobras de más y trabajan de menos. Ahora quieren que nosotros los padres seamos lo que les enseñemos a los hijos.


>>logos2012:
esto es mas que una burla. por eso no quieren la reforma laboral, seguramente fue de los que ”voto” por la gordillo.