Carboníferas, negocio de políticos, empresarios y Zetas
Arturo Rodríguez García
Proceso | 10-11-2012 | 21:22
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Distrito Federal— A Wilhen Ernesto López García lo mataron 'Los Zetas'.

No lo acribillaron ni lo descuartizaron; tampoco lo dejaron colgado en un puente. En su caso usaron un tambo para bajarlo de la bocamina hasta un socavón para que sacara carbón. El pozo se derrumbó. Toneladas de piedra lo sepultaron. Falleció el 3 de agosto de 2011 en el pueblo mineral de Agujita, en Sabinas, Coahuila.

Las autoridades estatales y federales, estas últimas del ámbito laboral, supieron lo ocurrido, pero ocultaron el caso. El pocito –mina rudimentaria– siguió operando. Un año después, el 20 de julio de 2012, murió ahí mismo el minero Abel Quiroz Villesca.

En el oficio 2609/2012 dirigido a la delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), cuya copia tiene Proceso, el delegado regional de la Procuraduría de Justicia, Norberto Ontiveros Leza, consigna el deceso de Quiroz. Alude también a otro accidente ocurrido el 22 de julio en un pocito en Cloete, e identifica sólo al propietario: El Reynol.

Este último dato desnudó la realidad: políticos y empresarios participan en la minería del carbón y que, con protección de gobierno en todos los niveles, del alto costo en vidas y la explotación infantil, fungen como proveedores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Distrito Federal— Ellos evaden las inspecciones de la STPS, evitan registrar a sus trabajadores en el IMSS y suelen utilizar innumerables razones sociales para ocultar sus millonarios ingresos. Son tan poderosos que lograron mutilar la reforma laboral que prohibía sus letales socavones… Y es en este ambiente de opulencia e impunidad donde Los Zetas encontraron sus oportunidades.

Luego del asesinato de su hijo José Eduardo, el 3 de octubre, el ex gobernador Humberto Moreira declaró que había empresarios relacionados con Los Zetas en la zona carbonífera. Dijo que Heriberto Lazcano, “El Lazca”, tenía tajos de carbón en Progreso, municipio donde supuestamente fue acribillado Heriberto el 7 de octubre.

El 30 de agosto la policía estatal y el Ejército derribaron 15 pocitos ubicados en terrenos del gobierno de Coahuila. El gobernador Rubén Moreira afirmó días después que la delincuencia tenía varias minas de ese tipo.

Los pocitos destruidos eran de José Reynol Bermea Castilla, presunto operador de Los Zetas en Sabinas. Fue detenido en septiembre por elementos de la Marina Armada de México (Semar). Él dirigía la empresa Minera La Marina.

En una búsqueda registral, Proceso detectó que los pocitos destruidos estaban amparados por la concesión (título 221614) expedida por la Dirección General de Minas en marzo de 2004 a nombre de Minera El Sabino y Minera El Saucito, de Alfonso González Garza.

Dos meses antes de la muerte de Wilhen Ernesto, el 3 de mayo de 2011, hubo una explosión en el Pozo 3 de Binsa. El saldo: 14 muertos y un adolescente de 14 años de edad mutilado (Proceso 1801).

Binsa es propiedad de Melchor González Vélez, “El Chorín”, quien no tenía concesión minera, pues operaba con el título 218000, que era de su padre, Alfonso González Garza, y un socio: Jesús María Montemayor Seguy, “El Chuma”, hermano de Edmundo y de Rogelio, este último fue gobernador de Coahuila y director de Pemex.

Los Montemayor Seguy y los González son socios y acaparan decenas de miles de hectáreas en la región, donde tienen influencia política. Jesús María, hijo de “El Chuma”, es alcalde de Sabinas (Proceso 1805).

Los pocitos estaban a la vista en Sabinas y operaban, aun violando el reglamento municipal de Urbanismo que, en su artículo 74, los prohibía.

El 30 de octubre, el diario Reforma informó que la PGR investiga a las empresas Perforaciones Técnicas Industriales y La Misión.

Los poceros tienen dos agrupaciones: la Unión Mexicana de Productores de Carbón (UMPC) y la Unión Nacional de Productores de Carbón (UNPC). Ambas se dedican a gestionar la venta de carbón a la CFE a través de Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi), una paraestatal del gobierno de Coahuila. Los directorios de las uniones no son públicos, pero fueron proporcionados a Proceso por agremiados que pidieron el anonimato.

Las mineras JBN y La Misión, por ejemplo, están afiliadas a la UMPC. La primera no registró a ninguno de sus trabajadores en el IMSS y establece su domicilio en Soyaló, Chiapas, a 2 mil kilómetros de la región carbonífera; la segunda tiene como representante a Basilio Niño Ramos.

Una tercera, La Bonita, representada por Luis Basilio Niño López, comparte el correo electrónico con La Misión. Niño Ramos representa además a Minera Hechos SA de CV.

José Reynol Bermea, representante de la carbonífera La Marina ante la UNPC, no posee ningún título para operarla. Su hermano Joel dirige Minera Las Cuatas, según el registro patronal A3517602010.

El lunes 5, Reforma destacó en un reportaje que las operaciones de El Reynol en Cloete se ubicaban en el perímetro del título 161534 de la asociación de Minera Coapa y José Luis Guadiana Tijerina, hermano de Armando. Ambos son empresarios han estado ligados al PRI desde hace mucho tiempo y desde el año pasado a Andrés Manuel López Obrador y al PAN.

Es la segunda ocasión que López Obrador acepta respaldo de empresarios presuntamente vinculados al narco: en 2006 el tabasqueño se relacionó con el marmolero Francisco León, quien después desapareció.

Guadiana Tijerina

“El profesor Moreira es una gente supertrabajadora, entusiasta, luchador; entiende sobre todo a la mayoría de la gente de nuestro partido”, dijo Armando Guadiana Tijerina al periodista Antonio Dávila el 2 de marzo de 2011, cuando Moreira asumió la dirigencia nacional del PRI.

Priísta desde 1969, Guadiana encomiaba a Moreira, incluso apoyó a su hermano Rubén Moreira, quien a la postre llegó a la gubernatura. Sin embargo rompió con el partido y en junio de 2011 fundó Claridad y Participación y se convirtió en el principal crítico de los hermanos Moreira.

José Luis y Santana Armando Guadiana son prósperos empresarios. En la época de las privatizaciones estuvieron a punto de quedarse con Altos Hornos de México, pero les ganó Alonso Ancira (Proceso 1179). Sus negocios son variados: gas domiciliario, transporte de carga, ranchos ganaderos y agrícolas, barcos, eventos taurinos, minas...

Con todo, han tenido sobresaltos. En agosto de 1994, Santana Armando fue acusado de un delito similar al que se le imputa al ex gobernador Moreira: según la PGR, contrató a nombre de su empresa Coapa un crédito por 20 millones de dólares con Bancomext. No sólo presentó documentos falsos, sino que utilizó el dinero obtenido para otros fines. Estuvo preso unos días y luego fue exonerado.

Convertido en el más destacado opositor de los Moreira, en 2012 Armando Guadiana apoyó la campaña de López Obrador y la conformación del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). El 29 de octubre, Guadiana reunió en Torreón a los líderes del PAN y las izquierdas, entre ellos Jorge Zermeño y Guillermo Anaya, para integrar una alianza con miras a las elecciones de 2013.

Pero la relación más estrecha de los Guadiana Tijerina es con los Gutiérrez, descendientes del general revolucionario Eulalio Gutiérrez. Guadiana fue socio, junto con el carbonero y ex alcalde priísta Urbano Santos, en la extinta Transportes Aéreos de Coahuila, cuyo accionista mayoritario era Alejandro Gutiérrez, actual asesor de Manlio Fabio Beltrones. En su nota, Reforma establece que otras empresas de José Luis Guadiana estarían relacionadas con el narco: Génesis compra carbón a Materiales Industrializados que le vende a JBN.

Su hermano Armando negó el vínculo el lunes 5. Dijo que lo acusaban por ser crítico, incluso advirtió que él no respondía ni por su madre. Y retó a Moreira a hacerse un antidoping.

El viernes 9, José Luis publicó un desplegado conciliador en el cual rechaza nexos con el narco y “reconoce” los esfuerzos de Rubén como gobernador.

Información obtenida por Proceso, revela que mineras de los Guadiana venden unos 400 millones de pesos anuales a la CFE.

Entre 2008 y 2011, los empresarios vendieron más de 2 mil millones de pesos: Minera Zapalinamé, 981 millones; Minera Río Álamo, 937 millones; Mantos Carboníferos, 190 millones; Carbón Mexicano, 167 millones; Comercializadora de Productos Minerales, 127 millones; Minera 2G, 51 millones; Minera Génesis, 12 millones; Minera Dalma, 11 millones, y Combustibles Fósiles, 40 millones.

Proceso constató que hasta 2010 no todas las carboneras tenían trabajadores dados de alta, pero sí vendieron carbón. Ese año registraron sólo a 346 empleados, cuyo salario promedio era de 156 pesos diarios. Esto es: gastaron alrededor de 20 millones de pesos en nómina, un año que tuvieron ingresos por más de 400 millones.

Las empresas tienen diferentes nombres y representantes. En el caso de Zapalinamé, la dirige José Luis Guadiana; Río Álamo, es representada ante la UMPC por Osbaldo Garza, yerno de José Luis, cuyo correo es el mismo que el de Carbón Mexicano. Zapalinamé tiene el mismo domicilio fiscal de Minera Génesis, mientras que Mantos Carboníferos tiene el mismo representante que Consorcio Titanes.

La lista de representantes ante las uniones es trascendente: son ellos los que firman los contratos con la Prodemi y la Proderm.

Los poceros

El 30 de julio de 2010 Ramón Sánchez Arellano, hijo de Gloria Arellano, murió en el pocito Boker. Cinco días antes Fidencio, hermano de Ramón, y otros seis mineros fallecieron en un pocito de Federico Quintanilla, ex alcalde priísta de Progreso que es dueño de las mineras El Progreso, Rodensa y Carbón y Derivados.

Y así como los accidentes mineros multilan a las mismas familias, otras se reparten la explotación: El Chorín, de Binsa, tiene Minería Internacional; su hermana Graciela dirige Fósiles Minerales.

Carbonífera Las Dos Glorias es de Gloria Yutani, hermana de David, fundador de la UMPC y ex alcalde de Sabinas por Convergencia.

Hay datos sospechosos: Corporativo 3 Potrancas es representada por Hidalgo Neavez Cura; Alpha Prime Mining, por Melchor Múzquiz.

Desde que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari liberó la explotación de carbón en 1992, los poceros pudieron asumir la proveeduría a la CFE para las carboeléctricas José López Portillo y Carbón II.

En 2002, la CFE tuvo que licitar por condiciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). El gobernador de Coahuila Enrique Martínez fundó la Prodemi para que fuera intermediaria. Desde su creación fue denunciada por coyotaje, favoritismos y por la ausencia de seguridad social (Proceso 1179).

Al frente de la Prodemi, el mandatario puso a Rodolfo Rábago, ex delegado de la PGR en Coahuila. Súbitamente aparecieron neocarboneros surgidos de la PGR, entre ellos Eliseo Jesús Aguilar, ex agente del Ministerio Público.

Para 2007, políticos del PAN entraron al negocio, como el ex diputado federal Jesús Ramírez Rangel. Fue él quien negoció el precio del mineral ante la CFE. Cobró más de 45 millones de pesos.

El jueves 8, Reforma informó que las minas investigadas venden carbón a la CFE a través de la Promotora para el Desarrollo Regional de la Minería en Sonora (Proderm), paraestatal supuestamente creada a instancias del diputado y compadre de Felipe Calderón, Guillermo Anaya; también es amigo del gobernador Guillermo Padrés y muy cercano a Guadiana Tijerina.

La Proderm rechazó vínculos con el narco, pero admitió la participación de las empresas que cumplían con sus obligaciones ante la STPS, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el IMSS, lo cual es poco común.

La UMPC, por ejemplo, tiene 56 empresas registradas. De ellas, 22 no tienen trabajadores dados de alta en el IMSS pero venden carbón; otras 11 no tienen contrato con Prodemi.

La ilegalidad con la que operan las carboneras fue denunciada a Felipe Calderón cuando estuvo al frente de la Secretaría de Energía, pero no hizo nada al respecto (La Jornada, 24 de febrero de 2005). (Arturo Rodríguez García/Proceso)