Albany, Nueva York— Una mujer señalada de mantener a una inmigrante sin documentación como sirvienta en su mansión del estado de Nueva York acusó a ésta de haber accedido a ser testigo de la fiscalía en un intento por legalizar su situación en Estados Unidos.

Sin embargo, los fiscales dicen que la mujer mantuvo a su sirvienta prácticamente cautiva durante años, con trabajo excesivo y paga ínfima.

Ambas partes admiten que la sirvienta, identificada en el legajo judicial sólo como V.M., una viuda de mediana edad procedente de la India, trabajó para Annie George, su ya fallecido marido y seis hijos durante cinco años.

Los investigadores de inmigración la rescataron en mayo de 2011 después que su hijo en India llamó al Centro de Recursos sobre Tráfico Humano, que dice haber identificado cientos de casos similares en Estados Unidos.

Bradley Miles, director ejecutivo del Proyecto Polaris, sin fines de lucro, que administra el servicio telefónico de 24 horas, dijo que el tipo más frecuentemente reportado de abusos laborales a la organización son casos de servidumbre doméstica. Desde 2008 ha recibido más de 2,500 llamados de sobrevivientes de tráfico sexual y laboral y unos 60 a 70 diarios en busca de asesoramiento, recursos, entrenamiento o crisis, agregó.

“Creo que es apenas la punta del témpano”, dijo Miles. La organización trata de determinar si hay abuso de fuerza, fraude o coerción y desde 2008 ha registrado 340 casos de servidumbre doméstica “con altos indicios” de que se trata de casos de tráfico humano. Los denunciantes son remitidos a una red de grupos sin fines de lucro y a la Policía.

Miles agregó que otros casos de trabajos forzados en la última década involucraron emigradas de Filipinas, Indonesia y Egipto. Su organización se basa en una definición federal de tráfico humano de la ley federal del 2000 y busca determinar si hay casos de control por medio de violencia, amenazas, aislamiento o deudas.

Annie George, de 40 años, que enfrenta juicio el 27 de agosto, es acusada de alojar a una inmigrante ilegal para beneficio financiero propio, un delito que conlleva penas de hasta 10 años en prisión. La mujer se ha declarado inocente.

Su abogado, Mark Sacco, dijo que la disputa por la paga era de unos 40 mil dólares y que podría ser zanjada ante un tribunal civil. En cambio la fiscalía dijo que a V.M. le debe por lo menos 240 mil dólares en salarios y 79 mil dólares en horas extra en base al salario mínimo.

El fiscal asistente Richard Belliss dijo que V.M. está todavía en Estados Unidos. Tiene permiso temporal pendiente el resultado del juicio, agregó.