La gran mayoría de los tribunales para menores en Texas reciben insuficientes fondos para implementar programas con el fin de reducir la reincidencia entre los jóvenes infractores, revela una nueva encuesta de la Coalición de Justicia Criminal de Texas (TCJC, por sus siglas en inglés).

Aunque El Paso es uno de los condados “progresistas” donde se aplican programas efectivos para reducir la delincuencia entre los menores, estos programas no son del todo financiados.

Incluso, el Centro de Detención Juvenil del Condado de El Paso respondió en la encuesta que su situación es “muy similar” al resto de otros 72 tribunales para menores que, en su mayoría, aseguraron no tener el dinero suficiente para servicios de salud mental, alternativas al encarcelamiento y programas preventivos, comentó Ana Yáñez-Correa, quien funge como directora ejecutiva de TCJC.

De acuerdo con TCJC, el Centro de Detención Juvenil paseño tiene una población promedio de 48 jóvenes a diario, cuya estadía en el tribunal promedia 13.5 días. Agrega que al centro le cuesta unos 134.65 dólares diarios albergarlos.

La organización civil indica que el Condado de El Paso recibe unos 310 mil dólares anuales para financiar sólo seis programas como alternativas al encarcelamiento, incluyendo servicios de consejería y supervisión intensiva. No obstante, el tribunal implementa casi una treintena de programas adicionales, como Drug Court, Detención en Casa, Big Brothers, Big Sisters y el Centro de Crisis para Menores.

El análisis de TCJC señala que hasta un 63 por ciento de los 73 tribunales para menores encuestados respondieron que reciben “insuficientes” fondos para instrumentar mejores prácticas con el fin de reducir la criminalidad y la reincidencia entre los jóvenes.

Agrega que entre los programas menos financiados se encuentran los servicios de salud mental, alternativas a la detención y programas en donde se involucren los familiares de los jóvenes infractores.

“Nuestra encuesta nos indica que los condados no reciben el apoyo económico del estado como debieran para atender las necesidades de esta población y, si Texas quiere que estos jóvenes se queden en sus condados en lugar de enviarlos a las cárceles estatales, tiene que ayudar a que los programas funcionen”, manifestó Yáñez-Correa vía telefónica desde Austin.

Reformas al sistema de justicia juvenil en el estado en el 2011 estuvieron diseñadas para mantener a los jóvenes infractores en los condados en donde viven para que, estando cerca de sus familias, recibieran el tratamiento de rehabilitación necesario.

De acuerdo con la encuesta, una tercera parte de los jóvenes bajo la supervisión de los departamentos de libertad condicional de Texas han confirmado tener enfermedades mentales, pero la mayoría de ellos no recibe tratamiento.

Benet Magnuson, una abogada que se dedica a implementar las políticas de la TCJC, dijo que la creciente brecha de falta de financiamiento genera preocupaciones para la seguridad pública y la juventud en el futuro dentro del sistema judicial.

“Muchos condados tienen buenos programas que reducen la reincidencia juvenil, pero peligra su financiación”, dijo Magnuson. “Un condado en la encuesta nos dijo que los recortes de financiamiento lo han obligado a despedir a personal crítico y a reducir programas exitosos que han logrado el índice de reincidencia a casi cero”.

Ante los recortes, miembros de la comunidad en varios condados del estado están absorbiendo los gastos de los programas de libertad condicional entre los jóvenes infractores. La encuesta reveló que hasta un 30 por ciento de los condados reportaron haber recibido cientos de horas de voluntarios cada año.

Yáñez-Correa indicó que los resultados de la encuesta han sido mandados al Congreso estatal para que los legisladores empiecen a trabajar en el presupuesto que se envía al sistema judicial juvenil.