Nueva York— La ley de atención médica del presidente Obama está ejerciendo presión sobre algunos de los hospitales del país que tienen problemas financieros al recortarles la ayuda que utilizan para financiar la atención médica de emergencia otorgada a los inmigrantes indocumentados, que desde hace mucho tiempo se les ha exigido que proporcionen.

El Gobierno Federal ha desembolsado 20 mil millones de dólares anuales para apoyar a estos hospitales –la mayoría se encuentra en áreas urbanas pobres y en zonas rurales– para que atiendan a más personas que no cuentan con seguro médico, incluyendo a los inmigrantes ilegales. La ley de atención médica eventualmente reducirá ese importe a la mitad, en base a la premisa de que cada vez serán menos las personas que no estén aseguradas después que entre en vigor la ley.

Sin embargo, aproximadamente 11 millones de personas que actualmente viven ilegalmente en Estados Unidos no están cubiertas por la ley de atención médica. Sus patrocinadores, que están tratando de esquivar el polémico debate sobre inmigración, los excluyeron de los beneficios que otorga esa ley.

Como resultado, los hospitales conocidos como “red segura” indicaron que los recortes representarían un golpe severo a sus finanzas.

Los centros hospitalarios están bajo presión debido a que muchos de los pacientes no asegurados son inmigrantes ilegales y debido a que existe una gran cantidad de pacientes no asegurados o con cobertura mínima no se espera que se reduzcan significativamente el número de pacientes de acuerdo al Decreto de Atención Médica Asequible, aún cuando la ayuda federal disminuya.

Nueva York— Los hospitales van desde los prominentemente públicos, como el Centro Hospitalario Bellevue en Manhattan, el Centro Médico Luterano en Brooklyn hasta el Hospital Scripps Mercy en San Diego. Incluyen pequeños centros de atención rurales como el Hospital Othello Community en Washington State, que recibe un constante flujo de agricultores que viven ilegalmente en el país.

No importa en dónde se encuentren, todos los hospitales están obligados por la ley federal a atender a cualquier persona que acuda a la sala de emergencias, independientemente de su estatus migratorio.

“Esto sucede no sólo en Nueva York, sino en Texas, California y Florida”, comentó Wendy Z. Goldstein, directora general del Centro Médico Luterano.

De acuerdo con Goldstein, congresistas aceptaron que la ley reduciría el dinero que se les reembolsa a los hospitales por atender a indocumentados pero que evadieron el tema porque “la inmigración es un tema demasiado candente”.

La ley aprobada contempla la reducción de los costos de los seguros médicos comerciales, pero requiere que se acredite la ciudadanía o un estatus legal en el país, igual que para solicitar la atención médica gratuita provista por el gobierno, conocida como Medicaid.

Los centros de salud están obligados por ley a tratar a cualquier persona que se presente a su sala de emergencias, independientemente de su condición migratoria. (The New York Times)