Los nombres de dos de las más grandes empresas recicladoras de metales en esta frontera aparecen mencionados en un proceso penal iniciado por el robo de casi 20 toneladas de cobre en perjuicio de una maquiladora.
Se trata de las empresas Yonke Fénix y Ecorec –esta última propiedad de la familia Fuentes– las cuales, según un testimonio rendido ante la Policía Ministerial, serían las compradoras del material robado.
“Tiene conocimiento de que la mercancía robada se vendía por Ramón en las recicladoras Yonke Fénix, que se ubica en la Avenida Tecnológico (…) y la recicladora Ecorec o Yonke Rysfsa, que se ubica en la calle Barranco Azul”, dice la declaración ministerial hecha por un individuo identificado en el juicio como Juan Javier Fernández Romo, de 32 años.
El relato está contenido en la causa penal 904/2012, iniciada por el robo de 20 toneladas de cobre en perjuicio de la empresa maquiladora Bell Electronics, a donde la noche del pasado 3 de marzo llegaron personas armadas y, luego de someter a los guardias, cargaron un tráiler con el metal, con un valor de más de 1.8 millones de pesos en el mercado local.
De acuerdo con lo que reportó El Diario con motivo del robo, el gerente de la empresa informó que uno de los guardias de seguridad logró desatarse y reportar los hechos.
Al llegar los agentes estatales, agregó entonces este medio, encontraron a dos de los guardias atados de manos con cinta adhesiva color gris y con huellas de golpes en el rostro.
Desde el momento de los hechos, la información señaló a que el Ministerio Público tenía pistas que apuntaban a una guardia de la compañía, misma que en las entrevistas habría caído en contradicciones.
Fue así que, días después, fue arrestada la empleada de seguridad Martha Isabel Rodríguez, así como su hijo Carlos Israel López y dos sujetos más, identificados como Édgar Armando Rodríguez Esquivel y Francisco Machaín Martínez.
De acuerdo con la entrevista ministerial realizada a Fernández Romo, Machaín fue quien lo contrató para el trabajo de destrucción de cajas de tráilers que después vendían al kilo en yonkes.
El mismo relato agrega que Fernández Romo fue detenido mientras realizaba esa labor y se encontraba en compañía de otro individuo —identificado como Ramón Mariano Gudiño, o “El Ramón”— y de Machaín, quienes sin embargo, no fueron detenidos.
“Mencionó que hace aproximadamente un mes escuchó de viva voz de Ramón que él se iba aventar un jale de una feria del robo de cobre, solamente logró escuchar (…) una plática entre Ramón y una persona que no logra identificar en donde menciona que se iban a meter a robar a una maquiladora denominada Bell Electrics, mencionando que el jale iba a estar fácil porque ya estaba puesto”, agrega la entrevista ministerial realizada a Fernández Romo.
Pese a lo que relata, Fernández Romo fue arrestado “pero lo dejaron en libertad por falta de pruebas”.
De acuerdo con Arturo Sandoval, vocero de la Fiscalía General del Estado, las empresas mencionadas como compradoras de material robado tampoco están sujetas a investigación.
“No están siendo investigadas, porque las empresas no tienen qué ver con este robo”, dijo el vocero ante pregunta expresa.
“Se tiene conocimiento de que varias personas que se dedican al robo de metales acuden a vender a diferentes recicladoras, y las empresas, como yonkes o recicladoras, su trabajo es la compra de metales, y en los últimos años han sido muy cuidadosos de no comprar cosas robadas”, agregó el vocero.
De acuerdo con Sandoval, la Fiscalía General del Estado ha impartido cursos a los empleados y encargados de este tipo de establecimientos con el fin de que sepan cómo detectar documentación o material robado.
“Y se ha comprobado que son compradores de buena fe. Por eso cuando hay detenidos se aplica la ley a la persona que roba el metal o el vehículo”, dijo el vocero.
Personal administrativo de la empresa Yonke Fénix consultada por El Diario se deslindó de la mención hecha en el juicio por el robo a la maquiladora Bell Electrics y mencionó que la recicladora condiciona sus operaciones a que los vendedores puedan acreditar la legal procedencia del material que adquieren.
“Para poder comprar a las personas se tiene que validar la procedencia del material, ya sea con factura, porque estamos enterados del robo descarado de cobre que hay en las casas, por todos lados, y tenemos esa precaución”, dijo un funcionario del área administrativa que solicitó no difundir su nombre, dijo, por motivos de seguridad.
Este medio trató ayer de contactar a encargados de Ecorec —propiedad del Grupo Imperial, de la familia Fuentes Téllez— pero en las oficinas administrativas dijeron no tener autorización para dar entrevistas. (Sandra Rodríguez Nieto/El Diario)
