Distrito Federal— Seis civiles de Jilotlán de los Dolores, Jalisco, fueron desaparecidos por elementos militares el 1 de octubre de 2010, sin que a la fecha se conozca su paradero.

En la recomendación 34/2012, la Comisión Nacional de Derechos Humanos logró acreditar que ese día 16 soldados en 5 carros oficiales ingresaron al domicilio de V1 y V7, donde se encontraba V1 con cinco compañeros más, quienes se reunieron para irse a trabajar a las aguacateras.

Testimonios de vecinos, familiares y militares entrevistados por el organismo permitieron reconstruir que los soldados ingresaron al domicilio, sin orden de cateo, los golpearon y los amarraron.

Luego de una hora los sacaron y los subieron a los vehículos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, llevándoselos con rumbo a la salida de la ciudad de Tepalcatepec, Michoacán. Los militares sostienen que liberaron a los hombres en una brecha.

Sin embargo, a la fecha no se tiene noticia de los desaparecidos, y la CNDH no pudo determinar qué ocurrió con ellos después de que fueron detenidos, porque los soldados responsables no quieren dar información.

"Aun cuando la mayoría de los elementos castrenses señalan de manera consistente que los agraviados fueron puestos en libertad en un brecha en la carretera, y que en ese momento se encontraban golpeados pero vivos, esta Comisión Nacional no encuentra que dichas declaraciones sean suficientes para deslindarlos de la responsabilidad por la desaparición forzada de V1, V2, V3, V4, V5 y V6, toda vez que no han aportado los elementos necesarios para comprobar que en efecto hayan sido puestos en libertad, además de que las víctimas continúan en condición de desaparecidos", reconoció la CNDH.

Incluso, uno de los responsables, AR8, señaló que los detenidos no fueron puestos en libertad ese mismo día, sino que fueron llevados a una base de operaciones para obtener más información y liberados al día siguiente en la brecha.

La CNDH ordenó en su recomendación encontrar a las víctimas, reparar el daño físico y emocional a los ausentes y sus familiares, colaborar con la denuncia interpuesta ante la PGR, e informar sobre la investigación en la Procuraduría Militar.

Bajo amenaza

El día de los hechos, V7 supo por los vecinos que su esposo y cuñado fueron detenidos. Cuando llegó a su casa encontró todo en desorden y comenzó la búsqueda de las víctimas.

La mujer fue a la Alcaldía y a la Policía municipal; las esposas de otros familiares los buscaron en oficinas municipales, estatales, militares y de la PGR en otros pueblos, como Tecatitlán, Ciudad Guzmán, Sayula y Guadalajara. Nadie sabía de su paradero. Ni siquiera en el cuartel militar de Sayula.

Las familias decidieron poner una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo que provocó amenazas en su contra a través de llamadas a la caseta telefónica pública del poblado.

"En razón de que dicha queja fue interpuesta en contra de elementos militares, es entonces posible responsabilizarlos por los actos de amenaza e intimidación en contra de V7", refirió la Comisión.