A dos años de la explosión del carro-bomba en Ciudad Juárez que dejó un saldo de tres personas muertas y 11 lesionadas, el caso sigue sin esclarecer debido a que la investigación está en el limbo por la extradición y fabricación de culpables para silenciar el reclamo social ante un hecho inédito ocurrido en el contexto de la guerra contra el crimen organizado en México.
Del 15 de julio de 2010 –cuando detonó el vehículo cargado con explosivos– a la fecha, las autoridades federales han detenido y vinculado a nueve personas, a quienes han señalado como autores intelectuales y materiales del acto adjudicado a “La Línea”, brazo armado del Cártel de Juárez. Entre los detenidos y acusados de ser responsables del atentado en que se emplearon tácticas terroristas no sólo están líderes e integrantes de esos grupos, sino también un joven a quien bajo tortura pararon frente a una cámara para declararse culpable de este delito, que finalmente no se le imputó en la averiguación.
Sin embargo, a 24 meses de la explosión del vehículo, aparentemente ninguno de los acusados ha sido sentenciado por estos hechos y las autoridades locales desconocen detalles de la averiguación que se encuentra a cargo de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR).
Así lo informó la Delegación Estatal de la PGR y la Fiscalía General del Estado, donde indicaron que “por incompetencia” y por tratarse de un “delito federal” el caso se encuentra en poder de la SIEDO, donde no se proporcionó información de la averiguación.
Ante la falta de datos y resultados en este caso, profesionales del Derecho y Criminología, así como representantes de la sociedad civil en Ciudad Juárez, manifestaron su preocupación porque consideran que se trata de un asunto de alto impacto y riesgo social que debe esclarecerse por completo.
“Casos de este tipo se deben aclarar completamente porque son de altísimo riesgo social, ya que si hubo algunos tipos que tuvieron acceso a explosivos y pudieron hacer una bomba para hacerla estallar por control remoto, deben estar en la cárcel y cumpliendo una sentencia, porque si no tenemos por ahí sujetos que son de alto riesgo”, mencionó Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Expuso que la investigación de estos hechos no debe relegarse y olvidarse porque los juarenses merecen respeto y, por lo menos, deben saber si fue resuelto o no para mantenerse alertas y tener cuidado.
Con este reclamo coincidió Leticia Chavarría Villa, integrante del Comité Médico Ciudadano, quien cuestionó la capacidad de las autoridades para investigar el hecho.
“Es muy grave que en un caso tan conocido a nivel internacional no haya tenido la autoridad la capacidad o tal vez la voluntad de esclarecerlo, porque se requería investigación, un cuerpo dotado de inteligencia para establecer todas las investigaciones requeridas, por eso ahora tenemos esa incógnita: si no pudieron, no quisieron o qué sucedió”, manifestó.
Agregó que las autoridades de los tres niveles deben informar a los juarenses lo ocurrido hasta ahora en la investigación para generar confianza, porque se trata de un hecho trágico que causó dolor a las víctimas y terror a la sociedad.
Para el criminólogo Oscar Máynez Grijalva, la actuación de las autoridades mexicanas ante este tipo de casos no es novedad, pues señala que ante sucesos de alto impacto como la explosión del carro-bomba, la Policía comúnmente los desactiva con anuncios mediáticos y chivos expiatorios porque le apuestan al olvido.
“Ante la presión social de resolver casos de este tipo caen en la tentación de fabricar o presentar culpables que presentan a los medios de comunicación para desactivar la situación y tranquilizar a la sociedad”, señala.
Pero advierte que, a la larga, la estrategia se convierte en un problema mayor porque la criminalidad continúa por la impunidad y la Policía no es eficiente.
“Es necesario que la autoridad dé respuestas, que diga si el caso está abierto, cuáles son las líneas de investigación o si no saben quiénes son los responsables, porque a la sociedad le afecta que no investiguen porque luego va a venir otro caso igual o peor”, destacó.
Los detenidos
Así, a dos años de distancia, de acuerdo con un seguimiento periodístico de la investigación del carro-bomba en Ciudad Juárez, sólo se sabe que entre los detenidos y acusados del atentado se encuentran el líder de “La Línea”, José Antonio Hernández Acosta, alias “El Diego” o “El Blablazo”, y Luis Guillermo Castillo Rubio, alias “El Pariente”, quien de acuerdo con una averiguación en Estados Unidos es “alto miembro” del Cártel de Juárez.
Según la investigación de las autoridades estadounidenses, “El Diego” recibió órdenes de “El Pariente” para detonar la bomba cerca del centro de la ciudad.
Al ser detenido en julio de 2011, “El Diego” dijo a la Policía Federal que el atentado fue en contra de esa corporación en represalia por la detención de otro de sus líderes, Jesús Armando Acosta Guerrero, “El 35”.
Sin embargo, meses después el presunto responsable de estos hechos fue extraditado y sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos por delitos relacionados con la delincuencia organizada, extorsión, narcotráfico y homicidio, pero no por la explosión del carro-bomba.
“El Pariente”, detenido en abril de este año, se encuentra a disposición de la SIEDO y en espera de ser extraditado porque el Gobierno de Estados Unidos así lo solicitó para procesarlo judicialmente; en ese país tiene cargos de narcotráfico porque es identificado como representante financiero y un punto de contacto entre la Policía mexicana y el Cártel de Juárez para el trasiego de droga.
Del resto de los detenidos vinculados con el atentado sólo se conoce la situación jurídica de Noé Fuentes Chavira, un joven que fue arrestado en agosto de 2010 acusado de participar en los hechos, pero quien de acuerdo con una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), mediante tortura física y psicológica fue obligado a declararse culpable de participar en el atentado.
Según sus familiares, fue detenido junto con cuatro amigos por elementos de la Policía Federal, quienes los obligaron a identificarse como integrantes de “La Línea” para vincularlos con varios delitos, entre ellos la explosión del carro-bomba, extorsiones, secuestros y homicidios.
Luego de ser presentados en la Ciudad de México como presuntos responsables de éste y varios delitos, permanecieron arraigados allá durante 80 días, pero al no comprobarles su participación en el atentado, los remitieron a penales federales acusados de delincuencia organizada, portación de armas de fuego y droga, las cuales de acuerdo con testigos les fueron sembradas por los federales.
De los otros involucrados con el caso se desconoce su paradero, porque la mayoría fueron trasladados a la Ciudad de México y en algunos casos arraigados para su investigación, aunque en su momento la Secretaría de Seguridad Pública Federal informó que todos pertenecían a “La Línea”.
La mayoría de las personas a las que se involucra en estos hechos son hombres, detenidos en distintos hechos y fechas que van de junio de 2010 a agosto del año pasado, tanto en Ciudad Juárez, como en Chihuahua.
Entre los detenidos se encuentra Marco Antonio Guzmán Zúñiga, alias “El Brad Pitt” y/o “El Dos”, a quien también se le atribuye ser uno de los líderes del Cártel de Juárez y se le relaciona con el atentado con el carro-bomba.
Fue detenido el 15 de junio de 2010 en Chihuahua por elementos de inteligencia de la Policía Federal, quienes también lo señalan de haber adquirido un material explosivo que fue asegurado en esta frontera en el mes de abril, pero del que no se han proporcionado más detalles.
Asimismo, se le vincula con un segundo carro-bomba que fue localizado el 10 de septiembre cerca de las instalaciones del centro de mando de la Policía Federal, pero que fue desactivado.
Los otros detenidos que han sido acusados de participar de distintas formas en la explosión del carro-bomba son José Iván Contreras Lumberas, alias “El Keiko”; Fernando Contreras Meraz, “El Dorado”; Luis Ángel González Payán, “Luis Anapra”; Jorge Antonio Hernández Méndez, “Chapito”; y José Maximino Campus, alias “Chiquis”.
Durante este tiempo también fue detenido Juan José Pereda Beltrán, “El Ferras”, quien sólo fue acusado en el caso del segundo y fallido carro-bomba, hecho en el que supuestamente proporcionó vigilancia y dio seguridad. (Gabriela Minjáres/El Diario)
