San Diego— Raúl Villarreal fue durante mucho tiempo un rostro público de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Aparecía frecuentemente en programas noticiosos de televisión como portavoz de la agencia e incluso interpretó a un peligroso traficante de personas en un anuncio del servicio público, que buscaba advertir a los mexicanos sobre los peligros de entrar ilegalmente a EU.
Ahora, los fiscales sostienen que él conocía bien el papel de traficante de personas, pues en realidad era uno.
Raúl y su hermano mayor Fidel, también un ex agente, son acusados de introducir ilegalmente a cientos de migrantes en vehículos de la propia Patrulla Fronteriza. Los fiscales federales sostienen que los hermanos fueron notificados en junio de 2006 de que estaban bajo una investigación, por lo que huyeron a México.
Poco después de establecerse en Tijuana, un comandante de la Policía de la ciudad fronteriza mexicana que supuestamente transportó a los clientes de los hermanos Villarreal fue asesinado en medio de una lluvia de unas 200 balas.
Los hermanos fueron detenidos en Tijuana en octubre de 2008, más de dos años después de dejar abruptamente la Patrulla Fronteriza, y extraditados a Estados Unidos para enfrentar cargos de tráfico humano, manipulación de testigos y soborno.
El caso, que va a juicio el mes entrante en San Diego, es uno de los casos más sonados de corrupción dentro de la Patrulla Fronteriza desde que comenzó una ola de contrataciones durante la década pasada.
Los hermanos, ahora con poco más de 40 años, se han declarado inocentes de todos los cargos.
La Patrulla Fronteriza ha padecido una racha de este tipo de bochornos desde que duplicó su tamaño en los pasados siete años para llegar a más de 21 mil agentes.
La estrategia nacional de la agencia dada a conocer el mes pasado esbozó los pasos para combatir la corrupción. Ya que las acusaciones formales en contra de empleados del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que supervisa a los agentes de la Patrulla Fronteriza y otros funcionarios de seguridad fronteriza, se han incrementado durante los últimos cuatro años, llegando a un total de 60 en el año fiscal 2011, según el Departamento de Seguridad Nacional. Ha habido 232 acusaciones formales de octubre de 2007 a abril de 2012.
La investigación al caso de Villarreal comenzó en mayo de 2005 con una pista de un informante al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza. Los investigadores instalaron cámaras en los postes donde los migrantes eran dejados y plantaron aparatos para grabar, pusieron instrumentos rastreadores en los vehículos de la Patrulla Fronteriza y siguieron por avión el trayecto de los migrantes.
La fiscalía también cuenta con testimonio de presuntos cómplices y de migrantes que entraron a Estados Unidos de manera ilegal. Algunos incluso identificaron a Fidel en fotografías.
Una brasileña de 24 años dijo que pagó 12 mil dólares para cruzar la frontera en un coche de la Policía. La mujer dijo que un Policía en Tijuana la condujo a la frontera en una camioneta blanca hasta un Policía de inmigración estadounidense.
El oficial usaba un uniforme verde, sombrero y gafas de sol y condujo unos 15 minutos antes de ordenar a los migrantes que esperaran a un lado del camino para que alguien más los llevara a una casa en San Diego.
La abogada de Fidel, Zenia Gilg, escribió que la fiscalía depende demasiado de dos supuestos cómplices a quienes se les prometió indulgencia en caso de testificar y en declaraciones incongruentes por parte de los migrantes.
Los hermanos se unieron a la Patrulla Fronteriza cuando la agencia creció rápidamente y subieron por los niveles de la organización. Raúl ganaba 82.859 dólares al año como agente en 2005, mientras que Fidel ganaba 77.803 dólares al año.
Los hermanos renunciaron súbitamente, alegando emergencias de salud familiares y dijeron que era imposible que ellos ofrecieran entrevistas a sus patrones sobre las razones de su salida.
