La Dirección de Comercio del Ayuntamiento y la Coordinación del Programa Escuela Segura en la zona norte, coincidieron este martes que si son insuficientes los avisos y las advertencias a los vendedores de mercancía de segunda mano para que se retiren de bardas, muros y enrejados exteriores en centros educativos, entonces se tendrá que recurrir a la fuerza pública para desalojarlos.

Dora Elia Espinoza, coordinadora del Programa Escuela Segura, dijo que además de la mala imagen que generan estas "colgaderas" de ropa y calzado, resulta peligroso que se ubiquen los vendedores en las aceras, obstaculizando el tránsito de los menores y obligándolos a bajarse a la cinta asfáltica.

"No queremos tomar medidas drásticas, continuaremos con el exhorto pacífico para que los vendedores se retiren, pero si persisten en arriesgar al alumnado, tendremos que llamar a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para que ponga orden", señaló.

"Estamos conscientes de las condiciones de crisis, pero las instalaciones de las escuelas deben usarse estrictamente para cuestiones académicas", señaló.

Por su parte, el director de Comercio del Ayuntamiento, Roberto Hernández Ríos, puntualizó que se ha hecho la advertencia de retiro a los vendedores de segundas en las escuelas y se ha conseguido que se vayan, "pero en cuanto se retiran los inspectores, vuelven".

Ambos funcionarios coincidieron que de las 640 escuelas de nivel básico en la ciudad, las más afectadas por estos vendedores se ubican al suroriente, en la nueva zona de crecimiento.

"Nosotros vamos y los retiramos, pero algunos vendedores están de acuerdo con los directores que les dan oportunidad para colgar su mercancía de las bardas. No obstante, si la autoridad educativa nos lo solicita, además de la intervención de nuestros inspectores podemos llamar a la fuerza pública, a la policía municipal, para desalojarlos", subrayó Hernández Ríos.