De acuerdo con un estudio proporcionado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) de 32 entidades federativas sólo nueve han publicado su Reglamento: Aguascalientes, Baja California Sur, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí, Yucatán.

En contraparte, además de Chihuahua, los estados de Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Guanajuato, Durango, Hidalgo, Nayarit, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas aún no tienen completado el proceso.

Por ello, la Cámara alta convocó a los gobiernos de dichos estados a que expidan, “a la brevedad posible”, sus reglamentos y de esta manera reafirmen su compromiso con la seguridad, la vida y la libertad de las mujeres de sus localidades.

Los senadores reconocieron el avance en las 32 entidades del país por haber creado su propia Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Sin embargo, coincidieron en señalar que para dar cabal cumplimiento a la Ley y que esta se pueda ejecutar debe de contar con un reglamento que regule todas sus disposiciones.

La citada Ley contenía tal disposición en su artículo segundo transitorio, razón por lo que el Titular del Ejecutivo Federal emitió su Reglamento el día 11 de marzo de 2008.

La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue aprobada el primero de febrero de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, el cual, de acuerdo con la Comisión de Equidad y Género “constituyó un gran esfuerzo legislativo a favor de los derechos de las mujeres”.

El objetivo primordial de dicha norma, se explicó, es establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación.

Aunado a ello, precisó el órgano legislativo, tiene como fin “garantizar la democracia, y dar cabal cumplimiento a los compromisos internacionales que México ha adoptado, tales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y su protocoló facultativo; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer denominada Convención de Belém do Para; la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, entre otros.