Distrito Federal— Los apoderados legales de los electricistas presentarán hoy 35 mil demandas por despido injustificado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y en contra del Gobierno a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Fernando Amezcua, vocero del propio Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), denunció que en el caso de los que han ido a recoger sus liquidaciones, al 92 por ciento se les ha entregado solamente un documento para que puedan cobrarlo, en su caso, hasta abril del año próximo.

Muchos de los trabajadores, la mayoría de ellos, no están cobrando el dinero. Les están dando un documento en donde les piden que abran una cuenta y el dinero lo tendrán disponible hasta abril del 2010. Es decir, están mintiendo.

Además, Humberto Montes de Oca, secretario del Interior del SME, recalcó que frente al eventual daño que se le haría a la población por el cierre de carreteras, fabricas o universidades, pondrán en marcha todo un programa de concientización para la ciudadanía, haciéndole ver que serán mayores los beneficios que los perjuicios.

“Porque tampoco está en nuestra intención echarnos encima a la gente. Tenemos que hacer una campaña previa al 11 de noviembre de concientización, de dejar muy en claro ante el conjunto de la población cuál es la finalidad de esta protesta y qué beneficios colaterales, adicionales, puede tener la población aún que no sea afectada directamente y la que por desgracia directamente sea afectada circunstancialmente por unos momentos, por unas horas, pero que vale la pena luchar todos juntos como ciudadanos porque se nos haga justicia”, dijo

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo declaró infundada la queja promovida por la Secretaría de Energía y el Servicio y Administración y Enajenación de Bienes en contra de la suspensión otorgada la semana pasada por la juez Guillermina Coutiño, como parte de un amparo promovido por el SME para impugnar el decreto presidencial que extinguió a Luz y Fuerza del Centro el 11 de octubre.

Hoy la juez Coutiño resolverá si la suspensión provisional se convierte en definitiva, lo que implicaría que la JFCA no podrá emitir su resolución durante todo el tiempo que se prolongue el litigio de este juicio de amparo.

El laudo de la JFCA sobre la terminación de la relación colectiva es un trámite previsto por la Ley Federal del Trabajo en los casos de cierre definitivo de empresas.

Lo más probable es que la juez reiterará hoy su criterio inicial, particularmente porque ya fue apoyado por un tribunal de mayor jerarquía, en este caso el integrado por los magistrados de circuito Idalia Peña, Víctor Maldonado y Guadalupe Madrigal, quienes en 24 horas revisaron y resolvieron por unanimidad la queja del gobierno.