El pasado martes, 13 de octubre, se cumplieron 11 meses del asesinato de nuestro compañero reportero Armando Rodríguez Carreón.

En este lapso hemos recibido una serie de compromisos personales tanto del presidente Felipe Calderón como de usted mismo en el sentido de que este artero crimen sería esclarecido para hacer justicia a Armando, a su familia, a los periodistas que intervenimos en la edición cotidiana de El Diario, y al gremio comunicador en general de esta frontera.

¿En dónde han quedado esos ofrecimientos?

Han pasado cuatro meses desde la última promesa que nos hizo a través de una carta publicada íntegra en este medio, y desde entonces no hemos tenido noticia alguna de los informes que presuntamente iban a rendir los agentes federales que llevan la investigación, mucho menos de cualquier avance que pudiera indicarnos que realmente se está trabajando para esclarecer el caso.

Mientras tanto, el tiempo se sigue acumulando sobre la impunidad que rodea al crimen de nuestro compañero.

A usted, como cabeza del Gabinete de Seguridad del cual depende el Operativo Conjunto Chihuahua, queremos trasmitirle asimismo el clamor que se levanta de entre la generalidad de los juarenses, manifestado a través de diversas formas de expresión, sobre el fracaso de esa estrategia para enfrentar al crimen organizado aplicada en la entidad y de manera particular en esta frontera.

Tan sólo un signo de que el Operativo ha dado de sí, es el hecho de que desde enero de 2008 hasta la presente semana se ha registrado en Ciudad Juárez la barbarie de más de 3 mil 500 asesinatos, la gran mayoría a partir del inicio de esa estrategia que, en vez de frenar la violencia como esperábamos los fronterizos, la ha multiplicado.

Esa brutalidad que no ha respetado la vida de numerosos inocentes y que mantiene en estado de constante agresión a la ciudad, aunada al incremento disparado de los demás delitos, ha postrado a esta comunidad en su peor crisis desde la Revolución, ocasionando el desplome de la mayor parte de la actividad económica y el exilio de miles de residentes que han tenido los medios para huir de esta intimidación cotidiana.

Si bien los secuestros, las extorsiones y una gran cantidad de los robos que se cometen habitualmente no son delitos del orden federal, sabemos, por lo que el gobernador ha declarado en varias ocasiones, que son perpetrados por los mismos integrantes de la delincuencia organizada como una extensión de sus actividades criminales.

Por ello esperábamos que el Operativo Conjunto atendiera esta complicada situación, más aun con el apoyo de los 10 mil soldados y agentes federales que desde febrero patrullan las calles. Sin embargo, la deplorable realidad que vivimos los juarenses nos demuestra que este enfoque compartido por el Ejército y los gobiernos de los tres niveles no ha tenido respuesta efectiva hasta hoy, a pesar de la presencia militar masiva.

Tan caro es el costo que Juárez está pagando con vidas, con plagios, con extorsiones, con la quema de negocios, con un Operativo Conjunto que no está dando los resultados previstos, que ya ha sido catalogada como la ciudad más violenta del mundo.

Es evidente que dicha estrategia se ha malogrado porque los mandos locales han desvirtuado las intenciones originales del presidente Calderón, generado una fuerte desconfianza entre la población, la cual, ante la carencia del sustento de la autoridad, ha tenido que recurrir a la autoprotección con resultados tan controversiales como los presentados en Lebarón, que arrojaron el saldo de un soldado muerto y varios civiles detenidos.

Y es que el insuficiente respaldo oficial que siente la ciudadanía frente a los embates criminales la está orillando a situaciones límite, mientras que a las fuerzas armadas las impele a incrementar sus excesos contra los habitantes.

Tal parece que las cabezas están más interesadas en las relaciones públicas con ciertos sectores, como ha sucedido con el general Felipe de Jesús Espitia, coordinador del Operativo, quien envió señales ambivalentes a la ciudad porque en reunión a puerta cerrada celebrada en la residencia particular de la familia De la Vega, ofreció todo su apoyo al empresario más adinerado de la región, pero ha permanecido enconchado, con oídos sordos a los reclamos de la sociedad que deplora las cotidianas masacres y el deterioro constante de su comunidad.

En otras palabras, la labor del jefe castrense es selectiva.

El pasado 1 de julio, como usted debe estar enterado, un piquete de soldados golpeó y desarmó a dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal asignados a la protección de personal de El Diario, no obstante que se identificaron plenamente y presentaron el porte de arma, además de los oficios de comisión vigentes, expedidos por la propia SSPE, a su vez avalados por la Sedena.

El incidente provocó que el general Espitia enviara al titular de Seguridad Pública Estatal, Víctor Valencia –quien representa al Estado ante el Operativo Conjunto–, el oficio 002909, Expediente A/17165, en el que además de aplicarle una sanción pecuniaria, lo apercibió de administrarle otras más e incluso lo amenazó con cancelarle la Licencia Oficial Colectiva que ampara el uso de las armas para los elementos estatales, si seguía permitiendo que personal de la SSPE proporcionara servicios de seguridad a particulares con el armamento incluido en ese permiso colectivo.

Este affaire exhibió la actitud por demás prepotente del mando militar hacia el funcionario que se supone es de sus colaboradores más cercanos en el Operativo Conjunto, a quien ostentó prácticamente como virtual delincuente por permitir este esquema de seguridad a particulares, que se ha instrumentado ante el hecho de que las autoridades de los tres niveles no han cumplido con su deber de brindarnos esa protección a los ciudadanos.

Nosotros desconocemos las negociaciones, los acuerdos o los enjuagues que haya entre los coordinadores del Operativo detrás de su fachada aparentemente impecable, pero lo cierto es que este incidente permitió desvelar la grave falta de coordinación y de confianza que existe al interior de una estrategia que se supone debe ser conjunta.

Y si entre los jefes persiste esa situación, qué respeto, cuál confianza podemos tener como ciudadanos ante el Operativo si ellos no demuestran esa reciprocidad ante la opinión pública.

Lo peor es que estas autoridades finalmente no han definido si la actuación de los agentes estatales que laboran bajo el esquema mencionado es legal o no, aun cuando los cientos de elementos armados que operan como escoltas siguen haciéndolo, excepto los dos que habían sido asignados a la protección de nuestra empresa.

Ello, a pesar de que el Juzgado Noveno de Distrito concedió el amparo a uno de los guardias, mientras que el Cuarto de Distrito otorgó la suspensión provisional y definitiva al otro elemento, para efecto de que se le restituya en sus funciones.

Este episodio es tan sólo uno más de los desafortunados desencuentros que se dan en la cúpula del Operativo Conjunto, que sumado a la situación antes descrita en que vive Ciudad Juárez nos demuestra lo mal que marcha esta operación.

Señor Gómez Mont: no sabemos si usted está al tanto de la crisis interna que vive el Operativo, porque cuando usted viene a esta frontera la cara que muestran sus jefes es de armonía, pero se retira y afloran los problemas existentes, en detrimento cada vez mayor contra esta vulnerada ciudad.

Con todo respeto, le hacemos un llamado a poner el orden indispensable en el Operativo Conjunto, el cual requiere de un urgente replanteamiento orientado a conseguir una efectiva coordinación entre gobiernos y corporaciones, con estrategias renovadas que no sólo golpeen al crimen organizado, sino que le devuelvan a esta agredida comunidad la paz perdida.